MALACONTANDO: ¿DEMOCRACIA FORTALECIDA O PODER JUDICIAL EXTINTO?    

México. 21 de abril de 2025.

Por María Malacón

La concentración del poder político en México y la reforma al Poder Judicial ponen en entredicho los principios fundamentales de la democracia.

¿Puede sobrevivir un país sin contrapesos reales?

Tres pilares bajo amenaza

Una República se sostiene, entre otras cosas, por tres pilares fundamentales: el Estado constitucional de derecho; la división de poderes; y, el equilibrio entre fuerzas políticas.

Cuando dichas bases comienzan a agrietarse, se vislumbra no sólo una crisis institucional, sino una erosión progresiva —y a veces irreversible— de la democracia misma.

En México, especialmente tras las elecciones del dos mil veinticuatro, esos cimientos se han visto comprometidos. Esto, porque además de elegirse a la primera titular del Poder Ejecutivo en la historia del país, el Poder Legislativo se vio consolidado al alcanzar su hegemonía tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

A eso, hay que añadir que la mayoría de las gubernaturas de los Estados ya estaban en manos del mismo grupo político y el tablero quedó inclinado hacia un solo color: el guinda; el del oficialismo.

Una oposición simbólica

Desde entonces, la oposición se volvió historia.

Existen bancadas que portan otros nombres; sí. Pero su presencia es mínima y su capacidad de contrapeso es simbólica. Ante tal escenario, lo que debería ser una democracia deliberativa, se ha convertido en una aplanadora legislativa, cuyo poder político trastoca en cualquier ámbito.

La reforma al Poder Judicial: de la carrera judicial al clientelismo político

Esta reforma al Poder Judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, introdujo cambios que pusieron fecha de caducidad a lo que aún conocemos como carrera judicial. Pero también es verdad que atestiguamos su último aliento.

El sistema de méritos, los exámenes de oposición y la formación académica que durante años sostuvieron la profesionalización del servicio judicial, han sido desmantelados. Ahora, las designaciones se harán por voto popular.

En teoría, suena democrático. En la práctica, es la desarticulación de un poder autónomo; el abaratamiento de la justicia; la ridiculización de profesionales del derecho –sobre todo en redes sociales– a cambio de la aceptación pública. Y aquí es donde se encienden todas las alertas.

Porque las personas juzgadoras no están para gustar, ni para agradar, ni para hacer campaña. Están para resolver conflictos; para emitir sentencias apegadas a la Constitución; para interpretar la ley y proteger los derechos, incluso —y sobre todo— cuando eso no sea popular.

El ideal judicial no puede fundarse en simpatías ni promesas electorales, sino en la capacidad jurídica, la imparcialidad y el compromiso con la ley y el derecho.

El precedente: Marbury vs. Madison

En el diseño democrático moderno, el Poder Judicial cumple una función clave: limitar los excesos del poder.

El principio de check and balances —pesos y contrapesos— fue concebido precisamente para evitar que un solo poder concentre la voluntad del Estado.

Este sistema, inspirado en el pensamiento liberal y constitucionalista, encontró su expresión más emblemática en Marbury vs. Madison (1803), caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció el principio de revisión judicial –y/o de control judicial–; esto es, el poder de los jueces para declarar inconstitucionales las leyes del Legislativo y los actos del Ejecutivo. A partir de ahí, el Poder Judicial dejó de ser un actor pasivo para convertirse en garante de la Constitución.

Es decir, no fue pensado como un poder subordinado, sino como un verdadero contrapeso, capaz de frenar abusos y corregir desviaciones del poder político. Ahora bien, destruir esa función es renunciar al equilibrio. Y sin ese balance, lo que queda es el dominio de una sola voz.

¿Justicia de verdad o aprobación popular?

Lo contrario —que es hacia donde vamos— abre un canal para la corrupción, para los acuerdos indebidos, para el clientelismo judicial.

Si quien juzga debe agradar para ser votado ¿cuánto tardará en intercambiar justicia por aplausos?

Silencio en los Estados

Pero hay otro síntoma que no debe pasarse por alto: la situación en los Estados del país. Ahí donde también gobierna el oficialismo y se ha normalizado el silencio.

A pesar del incremento notable y alarmante en los índices de inseguridad, las voces que se alzan llegar a ser silenciadas. Hay desapariciones, hay violencia cotidiana, hay miedo. Y, sin embargo, los informes oficiales se empeñan en minimizar, justificar o simplemente ignorar lo que ocurre. La red de complicidades es densa y la rendición de cuentas es casi nula.

¿Democracia fuerte o fachada electoral?

Al margen de ello, el discurso político y popular en torno a la reforma judicial, asegura que su implementación fortalece la democracia.

Pero ¿puede robustecerse una democracia cuando uno de los tres poderes prácticamente desaparece como contrapeso? ¿cuándo el Legislativo actúa como brazo del Ejecutivo? ¿cuándo el Judicial deja de ser garante y se convierte en reflejo? y ¿cuándo en los Estados impera el miedo mientras los gobiernos se protegen entre sí?

La respuesta, dolorosamente, es no.

En México, pronto volverán a haber elecciones; las primeras de carácter judicial. Pero una democracia no se define sólo por votar. Se define por los límites al poder; por la existencia de voces disidentes; por la garantía de los derechos; por la justicia independiente; y, por la verdad. Y si esos valores se extinguen, lo que queda es una forma, no un fondo.

Lo verdaderamente democrático

Al final, no es que la ciudadanía en general piense igual, sino que tenga la posibilidad de hacerlo distinto. Y decirlo sin miedo. Pero hoy, el terror se impone; la disidencia se diluye; y, los contrapesos se reducen a decoración institucional.

No estamos ante una simple reforma. Estamos ante la desaparición de un poder que debe equilibrar y que hoy se somete a las reglas del populismo, la simpatía y el cálculo político. Pese a que se asegura que es democracia porque habrá voto. Pero un país no es democrático sólo porque elige; del mismo modo que no es justo sólo porque tiene a personas juzgadoras.

Se reitera: la democracia se vacía cuando las formas se usan para encubrir el fondo. Cuando los procesos electorales se convierten en fachada para legitimar el sometimiento institucional. Y cuando la elección judicial se presenta como una victoria ciudadana, pero en realidad abre las puertas a la decadencia del constitucionalismo.

Si quien juzga debe hacer campaña para gustar, entonces ¿quién juzgará a quien conviene proteger? ¿cuánto tardará la justicia en volverse una moneda de cambio?

Lo más inquietante es que todo esto ocurre sin un golpe de Estado. Ocurre por decreto. Con leyes. Con mayorías. Con manos alzadas que desconocen el impacto de sus decisiones en las labores legislativas dentro de las Cámaras.

La República se apaga de golpe; se va extinguiendo incesantemente.

Y si la ciudadanía no reacciona, si no defiende el equilibrio, si no exige límites al poder, entonces el futuro no será autoritario por imposición, sino por omisión. Y en ese momento ya no se tratará de recuperar un régimen constitucional; consistirá en buscar entre las cenizas la silueta de nuestra historia. Una historia truncada por un discurso vacío y sensacionalista que coarta el porvenir, sin retorno próximo a su status quo.

Contacto: malacontando@gmail.com