COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2026
Las diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leticia Barrera Maldonado e Ivonne Ruiz Moreno exhortaron a las autoridades del Estado de México para que atiendan el crítico y deteriorado estado que guardan las carreteras y caminos estatales.
Las legisladores priistas, acompañadas por la dirigente estatal de la CNC, Carmen Carreño, así como por las diputadas Xitlalic Ceja, Fuensanta Guerrero y ciudadanos de diversos municipios mexiquenses, señalaron que la situación ha rebasado los límites de un problema de infraestructura simple, convirtiéndose en una crisis que vulnera la seguridad, la economía y la calidad de vida de los cerca de 17 millones de habitantes que diariamente transitan por el territorio mexiquense.
Leticia Barrera detalló que el Estado de México cuenta con una red de 4 mil 326 kilómetros de carreteras por los que circulan más de tres millones de vehículos todos los días. Si bien para el presente año se etiquetó un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos -superando los 3 mil 600 millones ejercidos en 2018-, las condiciones de las vías son deplorables.
Subrayó que el reporte acumulado indica que el 70 por ciento de la red carretera estatal presenta algún tipo de daño, evidenciando un grave rezago institucional. Además, los baches, tramos intransitables y la falta de mantenimiento preventivo incrementan los costos de traslado, elevan el gasto de mantenimiento vehicular, dañan las cadenas de suministro y reducen la competitividad de las comunidades.
La diputada priista recalcó que el deterioro constante eleva de forma preocupante el riesgo de accidentes viales, afectando traslados prioritarios a centros de salud, escuelas y fuentes de trabajo.
Por su parte, Ivonne Ruiz denunció una evidente omisión por parte de la administración estatal en la aplicación equitativa de los recursos y programas de obra pública.
Advirtió que mientras se destinan grandes inversiones a polígonos específicos -como el Plan Integral de la Zona Oriente con más de 75 mil millones de pesos enfocados en municipios gobernados por Morena-, regiones enteras y municipios como Coacalco quedan completamente marginados de los apoyos.
«No sirve de mucho anunciar una obra si el camino que la gente usa todos los días sigue destruido. Las familias mexiquenses no deben seguir pagando las consecuencias de una infraestructura abandonada», sentenció Ruiz Moreno, exigiendo transparencia sobre los kilómetros exactos que se rehabilitarán y las fechas calendarizadas de intervención.
En voz de los sectores productivos y campesinos, Carmen Carreño, dirigente de la CNC en el Estado de México, testificó el impacto devastador que este problema genera en zonas rurales y urbanas por igual (desde Tejupilco y Xonacatlán hasta Chalco, Texcoco y Toluca).
Señaló que los costos de producción agrícola se han disparado debido a la destrucción de caminos de saca cosecha y carreteras estatales, provocando daños severos en suspensiones, llantas y unidades de transporte, además de poner en riesgo la integridad y la vida de quienes transitan en busca de atención médica oportuna o comercialización de productos.
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