COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 septiembre de 2026
El diputado federal Christian Castro Bello presentó una iniciativa de reforma al artículo 134 de la Constitución para fortalecer el principio de neutralidad en la imagen institucional y evitar que colores, imágenes, símbolos, diseños u otros elementos visuales de los gobiernos generen una identificación asociada con una administración en particular.
Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, el legislador priista señaló que el objetivo es que las instituciones públicas mantengan una imagen propia, permanente y reconocible, por encima de los cambios de gobierno.
Al presentar su iniciativa, Castro Bello sostuvo que el gobierno es de todas y todos, al igual que los recursos públicos, por lo que las instituciones deben comunicar esa condición con claridad. Recordó que el artículo 134 ya establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, además de prohibir elementos que impliquen promoción personalizada de las personas servidoras públicas.
Precisó que los programas públicos no deben tener dueño, mientras las obras públicas no deben convertirse en instrumentos de promociones personales y los recursos públicos no deben utilizarse para construir identidades populares desde las instituciones.
Por ello, explicó que su propuesta busca llevar ese principio de imparcialidad a un ámbito que también comunica: la identidad visual del Estado. Colores, logotipos, imágenes, símbolos y otros recursos gráficos pueden convertirse en referentes de una administración, por lo que planteó establecer reglas que permitan distinguir con mayor claridad entre la identidad permanente de una institución y la identidad temporal de un gobierno.
“No se trata de eliminar la identidad de las instituciones, ni de impedir que un gobierno comunique sus acciones; se trata de garantizar que la comunicación institucional sea verdaderamente institucional”, sostuvo.
El congresista del PRI precisó que la propuesta plantea también establecer que la imagen y propaganda institucional de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno excluya colores, imágenes, símbolos y cualquier otro elemento que pueda generar una identificación ajena al carácter institucional del Estado.
Subrayó que el planteamiento contempla excepciones necesarias para no afectar la seguridad ni la operación de servicios públicos. Por ello, quedarían fuera de la restricción aquellos colores y elementos establecidos en lineamientos o directrices internacionales relacionados con seguridad, higiene, protección civil, transporte y vialidad.
La intención, dijo, es garantizar neutralidad sin impedir el uso de códigos visuales cuya función sea advertir riesgos, orientar a la población o proteger a las personas.
El legislador campechano destacó que el principio de neutralidad no debe entenderse únicamente como una obligación durante los procesos electorales. El propio marco constitucional establece que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad y que la comunicación gubernamental debe conservar su carácter institucional.
“Los gobiernos pasan, las administraciones cambian y los funcionarios terminan sus encargos, pero las instituciones permanecen; por eso debemos proteger su carácter público y garantizar que su imagen represente a todas y todos los mexicanos”, concluyó.
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