Oaxaca. 13 de abril de 2026
Habitantes del municipio de Santa María Apazco, ubicado en la región Mixteca, se manifiestan nuevamente en la capital de Oaxaca para expresar su rechazo al fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La inconformidad surge a raíz de la resolución emitida el pasado 8 de abril bajo el expediente SX-JDC-65/2026. En esta sentencia, la Sala Xalapa validó el proceso electoral por Sistemas Normativos Indígenas (usos y costumbres) que favorece a Eduardo García Santiago como presidente municipal, revocando las anulaciones previas dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
Los manifestantes, entre quienes se encuentran autoridades auxiliares y ciudadanos de la comunidad, aseguran que el fallo favorece a un grupo político liderado por Jesús López Rodríguez, a quien acusan de «medrar» con los recursos del municipio desde hace años.
De igual forma, los pobladores sostienen que la decisión federal ignora la voluntad colectiva expresada en sus asambleas y violenta la libre determinación del pueblo indígena.
Adicionalmente señalan irregularidades en la asamblea del 5 de diciembre, la cual acusan de ser inexistente o carecer de convocatoria legítima.
La tensión en Santa María Apazco ha escalado desde finales de 2025 e inicios de 2026, periodo en el cual se han registrado diversos hechos, como la toma del Palacio Municipal, al momento que los habitantes llegaron a sellar las oficinas con soldadura para impedir el acceso a la autoridad electa.
También se registró la retención de funcionarios el pasado mes de noviembre cuando personal de la Secretaría de Gobierno (SEGO) fue retenido en la comunidad mientras intentaban establecer mesas de diálogo.
Por su parte, Eduardo García Santiago ha defendido la legalidad de su triunfo, asegurando contar con la constancia de mayoría y llamando a la unidad, calificando las protestas como acciones de un grupo minoritario.
Actualmente, los pobladores mantienen su presencia en la ciudad de Oaxaca para exigir la intervención del Gobierno del Estado ante lo que consideran un agravio a sus usos y costumbres.
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