COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026
La diputada federal Marcela Guerra Castillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, orientada a la profesionalización policial y a la coordinación interinstitucional. Su propuesta contempla la creación de un Fondo Federal de Profesionalización Policial, con recursos etiquetados dentro del marco de los Fondos de Ayuda Federal previstos en el Título Octavo de la ley.
El proyecto de ley plantea que la asignación de dichos recursos esté condicionada al cumplimiento de estándares verificables de certificación, control de confianza y capacitación continua, además de establecer la obligación legal de interoperabilidad de bases de datos de seguridad pública entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Subrayó que el objetivo es fortalecer a las policías locales, mejorar la coordinación metropolitana, elevar la calidad del servicio de seguridad pública y reducir de manera sostenida los delitos de alto impacto, especialmente en entidades estratégicas como Nuevo León y sus municipios.
La legisladora aclaró que la propuesta no desconoce la existencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), previsto en la Ley de Coordinación Fiscal como mecanismo de transferencia de recursos federales. Sin embargo, señaló que el FASP es un instrumento de naturaleza fiscal y presupuestaria, con un objeto amplio que incluye infraestructura, equipamiento, tecnología, prevención del delito y fortalecimiento institucional.
En este contexto, Guerra Castillo explicó, la profesionalización policial compite con múltiples prioridades, lo que ha provocado que los recursos destinados a capacitación, certificación y evaluación no siempre sean permanentes, suficientes ni estrictamente condicionados a resultados verificables.
Por ello, insistió en que el Fondo Federal de Profesionalización Policial no implica duplicidad ni sustitución del FASP, sino su especialización y fortalecimiento normativo. Mientras el FASP opera como un mecanismo general de transferencia fiscal, el nuevo Fondo se concibe como un instrumento permanente de política pública, orientado exclusivamente a consolidar policías mejor capacitadas, certificadas y evaluadas.
“La seguridad pública exige no sólo recursos, sino estándares claros, evaluación constante y coordinación efectiva. La profesionalización policial no puede depender de decisiones coyunturales ni de prioridades presupuestales variables; debe consolidarse como una política de Estado con sustento legal expreso y mecanismos de exigibilidad definidos”, afirmó.
Finalmente, la congresista del PRI recordó que, en los primeros seis meses de 2025, Nuevo León registró 37 mil 448 delitos, de los cuales aproximadamente 67 por ciento se concentraron en seis municipios metropolitanos: Monterrey, Juárez, Guadalupe, Apodaca, García y Escobedo. La tasa promedio fue de 206.9 delitos diarios, lo que refleja la magnitud de las intervenciones policiales necesarias en zonas urbanas densas.
Entre los delitos con mayor crecimiento destacó la extorsión, que coloca a Nuevo León entre los estados con mayor tasa por cada 100 mil habitantes. Esto demuestra que los avances en seguridad no son uniformes y requieren atención focalizada.
En conclusión, la diputada Marcela Guerra enfatizó la necesidad de consolidar y fortalecer los avances mediante una política pública federal que incentive la profesionalización policial local, con reglas claras, recursos etiquetados y evaluación constante.
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