Comunicado
Ciudad de México, 19 de marzo de 2026. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoce la iniciativa de
reforma al Código Fiscal, enviada al Congreso Federal, que propone eliminar la prelación de garantías en los
procedimientos fiscales, al considerarla un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado, eficiente y
con mayor certidumbre jurídica.
La propuesta contribuye a corregir una rigidez operativa que, en la práctica, generaba costos adicionales y
limitaciones innecesarias para las empresas que ejercen su derecho a la defensa. Al permitir que los contribuyentes
elijan la modalidad de garantía más adecuada a su situación financiera y operativa, se reduce la carga administrativa,
se evita la inmovilización desproporcionada de recursos y se favorece la continuidad de las actividades productivas
mientras se resuelven los procesos fiscales.
Desde la perspectiva del sector empresarial, este ajuste normativo fortalece condiciones clave para el desarrollo
económico. En particular, mejora la liquidez de las empresas, disminuye espacios de discrecionalidad, eleva la
certeza jurídica y reduce controversias accesorias que no abonan al fondo de los asuntos fiscales. Todo ello incide
positivamente en la confianza para invertir, crecer y generar empleo en el país.
Es importante destacar que la iniciativa mantiene intacta la obligación de garantizar el interés fiscal, preservando
así la solidez de la recaudación y el equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los contribuyentes.
En este sentido, la reforma implica una mejora en los mecanismos para cumplir con dicha obligación de manera más
eficiente y proporcional.
El CCE considera que medidas como ésta reflejan la importancia de avanzar hacia un marco fiscal más moderno,
predecible y alineado con las necesidades de la economía productiva. Reconocemos la apertura para revisar y ajustar
disposiciones que, sin comprometer los objetivos recaudatorios, contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho y a
generar mejores condiciones para el desarrollo del país.
El sector empresarial reitera su disposición para seguir abonando al diálogo en la construcción de políticas públicas
que impulsen la inversión, la competitividad y el crecimiento del país.
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