Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
La revocación de mandato celebrada en Oaxaca no fue un ejercicio democrático fallido por accidente; fue, desde su origen, una simulación cuidadosamente diseñada para producir un resultado político, no para escuchar a la ciudadanía. Lo ocurrido confirma una sospecha extendida antes de la jornada: el proceso no buscaba medir respaldo social, sino fabricar legitimidad.
Los datos oficiales del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (SISCORMA) del IEEPCO revelan el primer gran problema: la participación ciudadana fue marcadamente baja, muy lejos del 40 % de la lista nominal que la ley exige para que el resultado sea vinculante. Aun así, desde el discurso oficial se intentó presentar la jornada como un éxito político. Esta contradicción entre legalidad y narrativa no es menor: es el núcleo del fraude.Más grave aún es la inestabilidad de las cifras. A lo largo del día y del conteo, los porcentajes de participación y los resultados por opción fueron ajustándose conforme avanzaba el discurso público, sin explicaciones claras ni metodologías transparentes que permitieran entender los cambios. Cuando los datos oficiales se mueven sin justificación pública, la duda deja de ser especulación y se convierte en una pregunta legítima.
El énfasis en los votos absolutos —cifras infladas a favor de la continuidad— buscó ocultar el dato central: la mayoría de oaxaqueños no participó. Ese silencio masivo no puede leerse como respaldo implícito; es, más bien, un rechazo político al mecanismo y a quienes lo promovieron. En democracia, la abstención también comunica, y en este caso lo hizo con contundencia.
Un dato que el discurso oficial ha intentado minimizar es que en municipios completos de alta relevancia política y demográfica la opción de revocar el mandato se impuso claramente. No se trata de comunidades marginales ni de incidentes aislados, sino de centros urbanos, cabeceras municipales y zonas donde la ciudadanía tiene mayor acceso a información y experiencia organizativa. Ahí, la revocación no fue un voto ideológico, sino un voto de castigo, una expresión directa de la pérdida de confianza en el gobierno estatal. Estos resultados territoriales revelan que, donde el escrutinio ciudadano es más intenso, la narrativa de respaldo se desmorona. Ignorar que en municipios clave ganó la revocación es negar que existe un malestar real, profundo y políticamente significativo.
La crítica no provino solo de la oposición partidista sino de la ciudadanía autentica. Diversos sectores sociales y sindicales calificaron la revocación como una farsa política, denunciando el uso de recursos públicos, la movilización partidaria y la propaganda encubierta en favor del gobernador. Medios locales documentaron incidentes durante la jornada: quema de boletas, robo de material, acarreo y presión política en diversas regiones del estado. No fueron hechos aislados; fueron síntomas de un proceso mal diseñado y peor ejecutado.
Columnistas y analistas nacionales fueron aún más lejos. En El País y otros medios de alcance nacional se habló abiertamente de simulación, de una revocación convertida en mecanismo de ratificación y de una fractura interna dentro del bloque gobernante que el ejercicio, lejos de ocultar, dejó al descubierto. La pregunta que atraviesa estas lecturas es incómoda pero necesaria: ¿puede llamarse democrático un proceso cuya credibilidad es cuestionada incluso fuera del ámbito local?
El papel del IEEPCO merece una revisión crítica. El órgano que debía garantizar certeza y legalidad actuó con timidez institucional, tolerando irregularidades, permitiendo una narrativa triunfalista pese a la insuficiencia legal de la participación y ofreciendo información fragmentada que dificultó el escrutinio ciudadano. Más que árbitro, el instituto pareció parte del decorado. Y cuando un órgano electoral pierde autoridad moral, el daño trasciende una sola elección.
El dispendio de recursos públicos agrava el balance. En uno de los estados con mayores carencias sociales del país, se destinaron fondos, logística y capital político a un ejercicio sin efectos legales, pero con claros beneficios propagandísticos. Esa decisión no solo es cuestionable; es políticamente irresponsable.
Las consecuencias de este proceso son profundas. En lo local, deja un gobierno que presume respaldo mientras enfrenta una realidad incómoda: no logró convocar ni a la mitad del electorado. En lo nacional, alimenta la percepción de que los mecanismos de participación ciudadana están siendo vaciados de contenido para servir a proyectos hegemónicos. La idea de que Morena es invencible se debilita cuando necesita recurrir a consultas sin consenso y a cifras discutidas para sostener su narrativa.
La pérdida de confianza es el saldo más grave. No se revierte con discursos ni con porcentajes acomodados. Cada inconsistencia, cada omisión y cada intento de maquillar la realidad profundizan la distancia entre ciudadanía e instituciones. Cuando esa confianza se rompe, ningún aparato político es suficiente para restaurarla de inmediato.
La revocación de mandato en Oaxaca pasará a la historia no como un ejercicio ejemplar, sino como una advertencia. En Oaxaca quedó claro que la simulación no construye legitimidad: solo acelera el desgaste de un poder que ya empezó a perder el respaldo ciudadano.
@aguilargvictorm
