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COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2025.
La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a un juez de
Distrito, con sede en Colima, que incurrió en faltas graves en el ejercicio de la administración de
justicia, debido a un notorio desvío de la legalidad, al actuar como parte activa en la reducción de
penas acordadas en al menos cuatro asuntos relativos a procedimientos abreviados, relacionados con
la comisión de delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes.
El juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, por el contrario, asumió
una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios
rectores del procedimiento penal.
Este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones III y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión,
a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia.
La suspensión provisional fue notificada al juzgador y tiene por objeto evitar el ocultamiento o
destrucción de pruebas; impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta
administrativa; evitar la obstrucción del adecuado desarrollo del procedimiento de investigación de
responsabilidad administrativa; y salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas
por conductas graves, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y del artículo 98 del Acuerdo General del Pleno del entonces
Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades
administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas.
De forma reiterada, el juzgador redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que
optaron por el procedimiento abreviado. Proceder que fue corregido por Tribunales de Alzada que en
sus resoluciones señalaron que este acto era contrario a Derecho.
Se comprobó que además de la reducción de las penas acordadas, concedió beneficios de la condena
condicional, lo que generó violaciones al debido proceso, y no cumplió cabalmente con los requisitos
de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado.
La Comisión de Investigación reitera su compromiso con la legalidad, el rigor, la objetividad y el
respeto al debido proceso, así como con la política de cero tolerancia a cualquier tipo de conducta
ilegal en el ejercicio de la función jurisdiccional.
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FUENTE DE LA INFORMACIÓN: https://www.oaj.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2025/comunicado29.pdf

        
                  
                  
                  
                  
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