COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2026
A fin de recuperar la colegialidad, fortalecer los controles internos y evitar la concentración de decisiones en la Presidencia del organismo, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de aprobar los nombramientos de las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
El legislador del PRI explicó que la propuesta busca corregir las modificaciones legales aprobadas en octubre de 2024, que otorgaron a la presidencia del Instituto la facultad de realizar directamente estas designaciones, eliminando la intervención decisoria del Consejo General.
Moreira Valdez advirtió que la concentración de atribuciones en una sola persona debilita los contrapesos institucionales y abre espacios para decisiones discrecionales, particularmente en áreas estratégicas responsables de administrar recursos humanos, materiales y financieros, así como de participar en los procedimientos de contratación del organismo electoral.
“La autonomía de una institución no puede confundirse con la ausencia de controles internos. Cuanto mayor sea la responsabilidad pública de un organismo, mayores deben ser las garantías de transparencia, deliberación y rendición de cuentas que acompañen sus decisiones”, sostuvo.
El coordinador parlamentario señaló que los recientes cuestionamientos sobre la administración del INE, durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, han puesto de manifiesto la importancia de contar con mecanismos más sólidos de supervisión. Entre ellos, mencionó los señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y nombramientos de funcionarios de alto nivel, cuya investigación corresponde a las autoridades competentes.
“Lo verdaderamente preocupante es que la legislación haya permitido concentrar en la Presidencia del Instituto la facultad de nombrar unilateralmente a quienes ocupan posiciones estratégicas dentro de su estructura ejecutiva y técnica, sin la intervención del Consejo General, órgano al que la Constitución reconoce como máxima autoridad de dirección”, advierte en el documento.
La iniciativa plantea reformar el inciso e) y derogar el inciso p) del numeral 1 del artículo 45 de la LGIPE, a fin de establecer nuevamente que la Presidencia del Consejo General proponga los nombramientos y que corresponda al órgano colegiado aprobarlos.
La propuesta de Moreira Valdez no modifica los requisitos de elegibilidad de candidaturas, las condiciones de participación de los partidos políticos, los procedimientos de votación, las fórmulas de asignación de cargos, los mecanismos de cómputo de resultados ni los medios de impugnación electoral.
Se trata de una modificación enfocada exclusivamente en la organización y el funcionamiento interno del Instituto, por lo que su aplicación, explica, deberá observar los límites constitucionales y garantizar los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica en materia electoral.
Finalmente, el legislador sostuvo que recuperar la participación del Consejo General permitirá que los nombramientos de mayor responsabilidad se sometan a la deliberación plural, la revisión de perfiles y la responsabilidad compartida entre las consejerías.
La autoridad electoral, concluyó, debe contar con instituciones y procedimientos que garanticen que las decisiones estratégicas no dependan de la voluntad de una sola persona, sino de controles colegiados que fortalezcan la transparencia y la confianza pública.
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