COMUNICADO Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de noviembre de 2026
• El coordinador del GPPRI presentó un Punto de Acuerdo para exigir transparencia total sobre las contrataciones millonarias del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado.
• Solicitó hacer pública la ubicación de las obras, número de viviendas, montos, empresas constructoras y los criterios de adjudicación empleados.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió a la Cámara de Diputados, a través de un Punto de Acuerdo, exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a esclarecer y hacer pública, de manera transparente y completa, la información sobre las contrataciones millonarias del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Hidalgo, ante las denuncias sobre presuntas irregularidades, posibles conflictos de interés y vínculos políticos.
El legislador del PRI solicitó que el Instituto precise la ubicación de cada proyecto, el número de viviendas, las empresas constructoras asignadas, los montos de los contratos y los criterios de adjudicación empleados bajo su nuevo esquema de contratación.
Además, Moreira Valdez exigió identificar los predios destinados a dichos proyectos, sus propietarios actuales y anteriores, el costo de adquisición de los terrenos y los avalúos que sustentaron cada operación, así como dar a conocer las auditorías internas e investigaciones realizadas tras los señalamientos públicos.
«No puede permitirse que un programa destinado a atender las necesidades habitacionales de las personas trabajadoras opere bajo cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, vínculos políticos u operaciones inmobiliarias opacas», anotó el exgobernador de Coahuila.
Advirtió que lo ocurrido en Hidalgo debe ser motivo de una revisión puntual a nivel nacional sobre los mecanismos de vigilancia del nuevo modelo de contratación del Infonavit. Recordó que diversas investigaciones periodísticas han documentado adjudicaciones por miles de millones de pesos a empresas vinculadas con familias de trayectoria política y personas cercanas a funcionarios públicos.
«Los recursos destinados a garantizar el acceso a la vivienda deben servir a las personas trabajadoras, no convertirse en una oportunidad de negocios al amparo del poder público», concluyó.
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