Oaxaca de Juárez, Oax., a 03 septiembre de 2026.-
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó órdenes de aprehensión contra dos hombres identificados como A.B.R. y J.M.M. -Regidor de Hacienda y Síndico Municipal, respectivamente-, por su probable responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, cometida en agravio de la presidenta municipal de Santiago Choápam, en la región de la Cuenca.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando la víctima se encontraba en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani, perteneciente a Santiago Choápam, donde se desarrollaba una reunión con integrantes de la comunidad, autoridades municipales y comunitarias.
Durante este encuentro, la víctima habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal, así como habría sufrido amenazas e intimidación, además de ser retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta mediante la cual pretendían hacerla renunciar a su cargo y desconocerla como autoridad municipal.
Posteriormente, después de firmar el documento fue dejada en libertad un día después.
Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes bajo perspectiva de género, reconociendo que las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública y ejercen cargos de representación constituyen una forma de violencia que busca limitar, menoscabar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas contra A.B.R. y J.M.M., quienes se desempeñaban como Regidor de Hacienda y Síndico Municipal de la comunidad.
Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda que el ejercicio de un cargo público no puede convertirse en motivo de violencia, intimidación o exclusión por razones de género. Por ello, fortalece sus capacidades de investigación para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y participar en la vida pública en condiciones de libertad, igualdad y seguridad, sin que ninguna forma de violencia quede fuera del alcance de la justicia.
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