COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de mayo de 2026
En el marco de la discusión sobre la propuesta de Reforma Judicial, la diputada federal Luvianka Partida señaló que la propuesta de trasladar la elección de jueces y magistrados al año 2028 constituye una confesión política y una admisión tácita de que la Reforma al Poder Judicial fue aprobada con prisas, improvisación y ocurrencias.
Aseguró que el voto en contra de su bancada no significa una negativa a discutir mejoras al sistema de justicia, sino un rechazo firme a avalar parches legislativos sobre una reforma mal diseñada que no garantiza la capacidad técnica de los juzgadores.
Asimismo, manifestó que un juez no es un representante popular para hacer campaña o buscar simpatías, ya que su verdadera responsabilidad requiere años de estudio, carrera judicial e independencia, y no mera popularidad electoral.
Por otra parte, la legisladora denunció que el dictamen representa un duro golpe al federalismo mexicano al pretender imponer desde el centro un modelo único para todas las entidades federativas, ignorando por completo las realidades, instituciones y soberanía de los estados.
Manifestó su profunda preocupación por el debilitamiento de los órganos electorales y la intención del régimen de concentrar el poder, uniformar las decisiones y debilitar los contrapesos locales, advirtiendo que México necesita instituciones autónomas y no subordinadas al poder político.
Finalmente, aseguró que la incertidumbre generada por esta reforma ya está deteriorando la percepción jurídica del país, afectando directamente la confianza para invertir, producir y generar empleos. Señaló que este panorama contraviene las reglas del tratado comercial T-MEC, pues ningún inversionista arriesgará su capital en un lugar donde la justicia esté sometida a intereses políticos. Por todo ello, manifestó que el Grupo Parlamentario del PRI vota en contra, afirmando que todavía se está a tiempo de corregir el rumbo de fondo para construir una reforma basada en el mérito y el fortalecimiento institucional.
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