COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2026
La informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes retos para millones de familias mexicanas y evidencia que las cifras de empleo no son suficientes para hablar de bienestar, afirmaron las y los diputados federales del PRI.
Al fijar el posicionamiento de la bancada del PRI, que coordina Rubén Moreira Valdez, durante la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, los legisladores Theodoros Kalionchiz, Carlos G. Mancilla y Mario Calzada señalaron que el reto laboral del país no puede medirse únicamente por el número de empleos generados, sino por las condiciones en las que trabajan millones de mexicanos.
Los diputados señalaron que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se dio el mayor impulso al incremento del salario mínimo con la desindexación y aclararon que los salarios son pagados por los empresarios.
Recordaron que el Senado mantiene detenida la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Artículo 123 constitucional en materia de salarios mínimos profesionales, pese a que ya se cubrió el proceso legislativo de aprobación tanto en las cámaras de Diputados y Senadores como en los congresos locales.
Desde la Tribuna, Theodoros Kalionchiz afirmó que tener un empleo no necesariamente significa contar con un ingreso digno, seguridad social y derechos laborales, por lo que cuestionó las estrategias del Gobierno Federal para generar más empleos formales.
Expuso que, en promedio, el ingreso laboral mensual de quienes se encuentran en la formalidad alcanza hasta 15 mil 204 pesos, mientras que en la informalidad el monto es de 8 mil 364 pesos en promedio, lo que refleja las diferencias en las condiciones laborales y de protección social.
El legislador también planteó la situación de más de 17 mil trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en Coahuila, por lo que pidió respuestas sobre sus indemnizaciones, salarios pendientes y el futuro de sus familias y planteó al secretario del Trabajo la posibilidad de incluir un paquete económico en el Presupuesto 2027 que permita atender y solucionar este problema.
Por su parte, Carlos G. Mancilla aclaró al secretario del Trabajo que su comparecencia no era como militante de Morena ni como propagandista, mucho menos como aplaudidor del oficialismo, sino como secretario de Estado del Gobierno mexicano, responsable de responder sobre las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del país.
Al referirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el legislador priista solicitó al funcionario informar cuántos jóvenes solicitaron incorporarse al programa durante 2026 y cuántos se quedaron fuera. También preguntó por los miles de millones de pesos destinados al programa, cuántos beneficiarios consiguieron posteriormente un empleo formal permanente y continúan dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Mancilla sostuvo que solo podrá hablarse de una verdadera primavera laboral cuando un joven pueda trabajar y vivir dignamente de su trabajo; cuando pueda pagar una vivienda, formar una familia cuando así lo decida y cuando pueda caminar por su comunidad sin que un criminal tenga mayores posibilidades de reclutarlo que el propio Estado de ofrecerle una oportunidad.
Al cierre de la participación de la bancada del PRI, Mario Calzada criticó que las cifras de empleo sean utilizadas como argumento suficiente para hablar de bienestar, cuando millones de trabajadores continúan enfrentando informalidad, falta de seguridad social, inestabilidad y dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El diputado queretano subrayó que una política laboral debe garantizar un salario digno, seguridad social, estabilidad, acceso a una vivienda y condiciones que permitan a las familias salir adelante.
Asimismo, señaló que es necesario avanzar en la reglamentación del Artículo 123 en materia de salarios profesionales, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y generar empleos mejor remunerados.
“Defender a las y los trabajadores significa lograr que su esfuerzo se traduzca en bienestar, estabilidad y oportunidades”, agregó.
Por lo anterior, Theodoros Kalionchiz, Carlos G. Mancilla y Mario Calzada aseguraron que defender a las y los trabajadores no significa repetir discursos triunfalistas, sino generar las condiciones para que el dinero rinda, para que el esfuerzo valga, para que emprender sea viable y para que cada empleo en México sea sinónimo de dignidad y movilidad social.
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