COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de julio de 2026
El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los órganos internos de control de las fuerzas de seguridad federales a investigar, de manera expedita, objetiva y transparente, los presuntos abusos de autoridad ocurridos en el Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa.
El legislador solicitó el deslinde de responsabilidades administrativas y penales por el presunto uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos documentadas en el punto de revisión federal del Poblado 5. Asimismo, exigió garantizar que los operativos carreteros vigentes se apeguen estrictamente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los estándares internacionales en la materia.
Zamora Gastélum requirió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la FGR que, bajo los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas, informen sobre los criterios técnicos, costos y resultados estratégicos de los retenes instalados en Sinaloa.
Lo anterior, precisó, debe incluir estadísticas detalladas sobre detenciones, aseguramientos de armas, decomisos de sustancias ilícitas y recuperación de vehículos, con el objetivo de evaluar la eficacia real de la estrategia de seguridad en las vías de comunicación de la entidad.
Por otro lado, el diputado priista demandó a la SSPC, a la Guardia Nacional, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno esclarecer el fundamento jurídico, las funciones y la situación administrativa y presupuestal de los civiles conocidos como “madrinas” o colaboradores que operan en dichos retenes. El objetivo es asegurar que ningún operativo vulnere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer mecanismos de supervisión que erradiquen malas prácticas, cobros indebidos y actos de extorsión denunciados por la ciudadanía.
El representante popular por Sinaloa argumentó que, recientemente, se han difundido materiales audiovisuales que exponen situaciones de extrema gravedad, tales como el presunto uso excesivo de la fuerza contra el operador de un tractocamión en el retén del Poblado 5. Al respecto, señaló que la crudeza de estos incidentes no puede ser minimizada, pues evidencian una urgente necesidad de fiscalización.
Finalmente, Mario Zamora subrayó que la rendición de cuentas y la transparencia son pilares que otorgan legitimidad a las políticas públicas, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Recordó que, bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y diversos tratados internacionales —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—toda intervención de la fuerza pública debe regirse ineludiblemente por los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y legalidad.
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