COMUNICADO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de junio de 2026
Con el objetivo de impulsar la plena inclusión, la participación efectiva y el desarrollo social de las personas con la Condición del Espectro Autista (CEA) y otras variaciones de la neurodiversidad, la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara propuso una reforma integral a la Ley General en la materia.
La iniciativa busca armonizar el marco jurídico nacional para asegurar el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Para ello, plantea que las políticas públicas se rijan bajo cuatro principios fundamentales: libertad y autonomía progresiva, perspectiva de ciclo vital, progresividad y el modelo social de la discapacidad.
Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI explicó que la dignidad humana exige traducir la igualdad abstracta en categorías jurídicas concretas que permitan a cada persona, sin importar su forma de procesar el mundo, exigir y ejercer sus derechos.
“La iniciativa no sólo busca un texto sustantivamente conforme con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también un proceso legislativo que respete sus exigencias procedimentales”, afirmó.
El proyecto de ley enfatiza la necesidad de reconocer la neurodiversidad y garantizar apoyos específicos durante las transiciones críticas de la vida: desde la primera infancia a la educación básica, el paso a la vida laboral o universitaria, y de la edad adulta a la vejez.
Asimismo, mandata el derecho de las personas adultas con estas condiciones a una vida independiente y a la inclusión comunitaria.
De igual forma, la propuesta estipula que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán garantizar ajustes razonables en sus procedimientos administrativos, sanitarios, educativos, laborales y de acceso a la justicia, implementando protocolos de comunicación accesible y de atención libre de capacitismo.
Rejón Lara expuso que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cien niños en el mundo presenta algún trastorno del espectro autista. Además, condiciones como el TDAH, la dislexia, disgrafía, discalculia, el síndrome de Tourette y la dispraxia afectan a un porcentaje significativo de la población.
La diputada priista lamentó que en México la falta de un registro nacional confiable y la dispersión de servicios impidan conocer la magnitud exacta del fenómeno, aunque la realidad de miles de familias confirma que se trata de millones de personas.
“La obligación del Estado no es corregir a la persona, sino remover las barreras y proporcionar los apoyos necesarios para que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás”, subrayó.
Finalmente, la legisladora señaló que entidades como Nuevo León, Yucatán, Jalisco y el Estado de México cuentan con mayor reconocimiento jurídico para las personas neurodivergentes que la propia legislación federal. Por ello, concluyó que esta iniciativa busca cerrar dicha brecha y devolver a la Federación su función rectora para establecer un piso mínimo común en todo el país.
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