CIUDAD DE MÉXICO – 29 DE ABRIL DE 2026
En una acción que marca una nueva etapa de tensión en la relación bilateral, el gobierno de Estados Unidos ha avanzado en investigaciones y sanciones contra altos funcionarios y personalidades políticas del estado de Sinaloa, acusándolos de tener presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con facciones del Cártel de Sinaloa.
Según información reportada a finales de abril de 2026, las acciones estadounidenses incluyen:
- Investigaciones Formales y Cargos: Fiscales de la DEA y del Distrito Sur de Nueva York preparan o han iniciado acusaciones penales contra funcionarios actuales y retirados, señalando que estas organizaciones criminales no operarían con tal libertad sin el respaldo de funcionarios corruptos.
- Señalamientos al Gobernador: Informes periodísticos y de fuentes de inteligencia indican que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido señalado en estas investigaciones, mencionándose incluso la revocación de su visa estadounidense.
- Sanciones del Tesoro (OFAC): El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido sanciones en abril de 2026 contra una red de 23 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo corredores de precursores químicos de fentanilo en el estado, como Karina Guadalupe Carrillo Torres y Regulo Acosta Hernández, vinculados a «Los Chapitos».
- Advertencias Diplomáticas: El embajador estadounidense, citado en reportes, ha advertido una «campaña seria y amplia» anticorrupción, sugiriendo que la impunidad en niveles locales está en la mira de Washington.
Estas denuncias se producen en un contexto de intensa violencia interna en Sinaloa entre facciones del cártel y en medio de un aumento de la presión estadounidense por detener el flujo de fentanilo hacia su país. Las investigaciones apuntan a que funcionarios locales facilitaron operaciones delictivas a cambio de sobornos y apoyo político.
A pesar de los señalamientos, algunos reportes indican que la administración estatal ha buscado mantener una imagen de cooperación con EE. UU., mientras que políticos señalados han rechazado tener vínculos con el crimen organizado.
La Casa Blanca no se está guardando nada. Fuentes anónimas aseguran que la «ofensiva anticorrupción» busca llevar a políticos de alto nivel a tribunales federales estadounidenses, amenazando con sacudir las estructuras del poder en México.
El 20 de abril de 2026, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, impuso restricciones de visa a 75 personas identificadas como familiares, amigos o socios comerciales de líderes del Cártel de Sinaloa, encabezando la revocación de visas los gobernadores, incluido Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (Baja California), marcándolos como indeseables en USA.
La DEA y el Departamento de Justicia tienen la mira puesta en miembros del partido gobernante, buscando desmantelar lo que llaman una «estructura de protección» al narco.
Aunque no se publicaron todos los nombres, la medida afecta a personas que ayudaban a mantener la operatividad financiera y de transporte del grupo.
En un tono severo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la presión, exigiendo evidencias concretas y no chismes. «Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero si hay una investigación… tiene que haber pruebas y evidencias claras», sentenció ante las acusaciones sin filtro de Washington.
En acciones recientes y coordinadas (abril 2026), el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas y restricciones de visado contra una extensa red de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, señalándolo como una organización terrorista extranjera debido a su papel en el tráfico de fentanilo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una severa advertencia sobre la corrupción estructural, señalando que funcionarios mexicanos (policías, alcaldes, gobernadores y legisladores) están ligados a cárteles.
Johnson, durante un evento en Sinaloa, exigió «certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción» para las inversiones, advirtiendo que la corrupción actual debilita la competencia y ahuyenta el capital.
El embajador mencionó una «epidemia de gobernanza corrupta», y según el LAJornada, denunció que la corrupción alcanza altos niveles gubernamentales, incluyendo legisladores federales.
Reportes indican que Estados Unidos prepara acciones judiciales contra políticos mexicanos activos, con informes sobre la revocación de la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Estas declaraciones ocurren en medio de la preparación para la renegociación del T-MEC, incrementando la presión sobre el gobierno mexicano.
La administración estadounidense de Donald Trump busca que se cumplan las disposiciones del T-MEC sobre el combate al soborno y la corrupción.
Descubre más desde CLAMORSOCIAL.COM
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
