México. 28 de abril de 2026
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, ha declinado finalmente asistir a la reunión de trabajo programada en el Senado de la República para este martes 28 de abril de 2026.
A pesar de que inicialmente se había reportado su disposición para asistir, la mandataria estatal envió un oficio a la Cámara Alta informando que no le será posible acudir en los términos planteados.
Su ausencia busca evitar que se comprometan las investigaciones en curso relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.
La gobernadora de Chihuahua ha destacado que es una invitación, por lo que su asistencia no es obligatoria.
El Senado, a través de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, buscaba que la gobernadora y el fiscal estatal aclararan los hechos del pasado 19 de abril, donde dos presuntos agentes de Estados Unidos fallecieron durante un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Legisladores de Morena, como Óscar Cantón Zetina, esperaban la asistencia para verificar que no se violara la Ley de Seguridad Nacional ni la soberanía constitucional. Por su parte, la oposición del PAN defendió la autonomía de la gobernadora, calificando el citatorio como un intento de deslinde de responsabilidades federales.
La situación se tornó más compleja tras la reciente renuncia del fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, reportada el 27 de abril.
César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el lunes 27 de abril de 2026. Su salida se produjo en medio de una crisis política y de seguridad tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses, presuntos agentes de la CIA, y dos mexicanos.
El motivo principal de su renuncia se debe al incidente internacional por la muerte de supuestos agentes de la CIA en territorio mexicano durante un operativo contra el crimen organizado en la Sierra.
Wendy Chávez, fiscal especializada, informó que los extranjeros no contaban con registros oficiales para participar en el convoy y mantenían su identidad oculta hasta el momento del accidente fatal.
La gobernadora María Eugenia Campos aceptó la renuncia de carácter irrevocable. El Senado de la República también había solicitado la comparecencia de las autoridades estatales para esclarecer la soberanía nacional en dicho operativo.
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