COMUNICADO
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2024.
Las reformas constitucionales en materia de justicia preocupan porque atentan contra la división de
poderes, el respeto a las libertades, a la garantía a los derechos sociales y generarán nuevos retrasos
procesales en perjuicio de las personas privadas de su libertad, advirtió la directora general del
Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), magistrada Taissia Cruz Parcero.
Al presentar el Informe Anual 2023-2024, señaló que la sustitución de personas juzgadoras que se
avecina con motivo de la reforma judicial enciende las alertas en la judicatura, la academia, el gremio
de abogadas y abogados, las y los activistas y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de
derechos humanos.
Expuso que el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas con facultades de investigación
de los delitos; el aumento del catálogo de aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en
expreso desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la
introducción de la figura de los jueces sin rostro; la previsión de mecanismos disciplinarios que serán
una amenaza constante para la independencia judicial; y la mal llamada reforma de supremacía
constitucional; no son compatibles con la democracia sustantiva.
Dijo que para el IFDP la reforma en ciernes constituye un gran reto, pues en muchas ocasiones habrá
que volver a empezar para explicar a los nuevos juzgadores cuáles son las reglas del debido proceso,
qué consecuencias tienen las violaciones a derechos humanos y qué significan las perspectivas
diferenciadas, entre otros temas.
En el Informe se indica que en el último año, el IFDP prestó 32,418 nuevas representaciones en
materia de defensa penal; 2,639 a personas en situación de vulnerabilidad. Se obtuvieron 9,598
resoluciones favorables en el sistema penal acusatorio y mil 474 libertades, mientras que en el
sistema penal tradicional se lograron 210 resoluciones a favor y 475 libertades.
Durante el periodo que se reporta, se brindaron 46,769 servicios de asesoría jurídica; 9,363
orientaciones de primer contacto y 10,231 a través de DEFENSATEL en sus modalidades telefónica y
digital. Del universo de personas atendidas, 48% son mujeres y 52% hombres. Además, se otorgaron
396 servicios a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Durante el evento se entregaron los reconocimientos: Medalla “Ponciano Arriaga”, a la Mejor
Persona Defensora Pública, a Karina Fernández Ortiz, y Medalla “Jacinto Pallares” a la Mejor Asesora
Jurídica, a María Elena Rascón Félix.
A la presentación del Informe Anual asistieron integrantes de la Junta Directiva y servidores públicos
del IFDP, titulares de órganos auxiliares del CJF, de órganos jurisdiccionales y representantes de
organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2024/comunicado135.pdf
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