Ciudad de México. 27 de enero de 2026

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Sechyti) anunció la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el 26 de enero de 2026, nombrando a Lucero Ibarra Rojas como directora interina.
La destitución fue comunicada por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, basándose en el artículo 94 de la Ley General en la materia.
La decisión se tomó tras años de controversias, que incluyeron denuncias por plagio, acoso laboral y desmantelamiento académico, así como acusaciones de violencia de género por parte de investigadoras en noviembre de 2025.
La noticia fue recibida con celebraciones por parte de algunos miembros de la comunidad académica y estudiantil del CIDE, que anteriormente habían protestado y realizado un paro por su designación inicial en 2021.
Hasta el momento, existe una disputa sobre quién está legalmente al mando de la institución, con Romero Tellaeche aferrándose al cargo y la Secretaría manteniendo su decisión de destitución.

Por su parte, Romero Tellaeche ha rechazado su remoción y a través de un oficio, indicó que conservará el puesto hasta que no se complete el proceso legal de remoción anticipada previsto por la ley.
El académico rechazó su remoción, calificándola de «decisión política o informal». En un comunicado, afirmó que su cargo sigue vigente legalmente y que solo puede ser destituido mediante un procedimiento formal del Órgano de Gobierno por causas específicas previstas en la ley.
En tanto que se ha informado que Romero Tellaeche se mantiene en las oficinas de la dirección, alegando que conserva plenamente sus atribuciones y responsabilidades hasta que se cumpla el debido proceso.
Ante la destitución, las autoridades designaron a la Dra. Lucero Ibarra Rojas como directora general interina. Sin embargo, la negativa de Romero Tellaeche a retirarse ha generado una disputa por el control de la dirección del centro de investigación.
Esta controversia ocurre tras un periodo de gestión que comenzó con su ratificación en noviembre de 2021, la cual estuvo marcada desde su origen por protestas estudiantiles y rechazo de la comunidad académica.