La propuesta busca que el amparo proteja derechos reales, evitando suspensiones injustificadas o intereses ajenos a las personas directamente afectadas.
El senador por Oaxaca, Luis Alfonso Silva Romo, explicó que la reforma a la Ley de Amparo, emitida originalmente en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como propósito adecuar esta figura legal a la realidad actual del país.
Uno de los ejes centrales es el interés legítimo, que define quién puede promover un amparo. “Si alguien busca ampararse contra una construcción que afecta directamente su propiedad o vecindario, sólo quienes tengan un vínculo real con el proyecto podrán hacerlo. No es lo mismo una persona que vive frente a la obra que alguien de otro estado sin ninguna afectación”, señaló.
Otro punto relevante es la regulación de la suspensión de actos, mecanismo que hasta ahora ha permitido frenar decisiones de las autoridades mientras se resolvía el juicio. Silva Romo precisó que es necesario establecer límites claros, de modo que la suspensión proteja derechos sin detener obras o acciones de interés público.
“Imaginemos un caso grave: si la suspensión fuera absoluta, impediría a las autoridades actuar de inmediato. Por eso necesitamos reglas precisas y un control conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicó el legislador.
Finalmente, subrayó que la iniciativa busca modernizar el amparo para que cumpla con su objetivo original: defender los derechos de las personas de manera efectiva, sin dar cabida a abusos que retrasen proyectos de interés nacional. Con este enfoque, dijo, se fortalece la justicia y se consolida un Estado que actúa de la mano de la ciudadanía, escuchando y respondiendo a sus verdaderas necesidades.
Más historias
Productores de limón se manifiestan tirando cosecha.
Intensa jornada de La Carrera Panamericana en Guanajuato
Mujeres rurales, fuertes y empoderadas, alimentan al pueblo México